Nicaragua, un país que mata a sus mujeres


El 22 de junio de 2012, la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Ley 779, entró en vigencia en Nicaragua para combatir, entre otros problemas sociales, el femicidio. Desde esa fecha, 209 mujeres han sido asesinadas en el país y el conteo está lejos de frenarse. Para una mejor comprensión de este mal cultural, LA PRENSA contactó a los principales actores involucrados en la aplicación de dicha legislación. Gobierno, sociedad civil, expertos y víctimas, ilustran fehacientemente en este reportaje multimedia una realidad que se escucha en cada grito de una mujer violentada: Que la Ley 779 es hoy solo una pálida caricatura de aquello que pretendía ser.


Nación Femicida


Femicidios un año antes y un año después de aprobada la Ley 779

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Junio 2011 a Junio 2012
Julio 2012 a Junio 2013
Total
Agrupados

*Todos los datos estadísticos son proporcionados por Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua, de acuerdo al monitoreo de noticias y reportes de mujeres muertas a través de sus organizaciones aliadas.

Violencia en Números


Muertas en el extranjero

21

Costa Rica

7

Estados Unidos

6

Guatemala

1

Honduras

1

El Salvador

1

España


*Estos datos son proporcionados por noticias recopiladas en los países donde suceden los femicidios. Es decir que las cifras pueden aumentar, pero los casos no son reportados. Las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres no logran obtener un dato exacto de las muertas en el extranjero por las limitantes que representa seguir los casos.

Involución de la Ley 779

Se presenta la primera propuesta de aprobación de una Ley Integral Contra La Violencia por parte del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, con el respaldo de 12 mil firmas de mujeres. Esta propuesta fue fusionada con otra iniciativa redactada desde la Corte Suprema de Justicia.
Se aprueba en la Asamblea Nacional la Ley Integral Contra La Violencia de Las Mujeres (Ley 779).
Entra en vigencia la Ley 779.
El comisionado general Francisco Díaz, consuegro del presidente inscontitucional Daniel Ortega, emite un informe de la Policía Nacional, en el que por las vías de hecho reduce la cifra de femicidios drásticamente; de 46 casos, a tan solo 18 en los primeros seis meses del 2014.
El presidente inscontitucional Daniel Ortega publica los decretos 42-2014 y 43-2014 en la Gaceta 143 en la que reforma el reglamento de Ley 779 y reduce el delito de femicidio al ámbito de las relaciones de parejas. Crea las Consejerías familiares en los barrios, que serán los primeros en abordar la violencia en contra de las mujeres.

Gabriel Álvarez, jurista especialista en temas constitucionales

Las reformas a la Ley 779 le han quitado el espíritu protector a favor de las mujeres, que tuvo cuando fue concebida inicialmente", sentencia el jurista experto en temas constitucionalistas Gabriel Álvarez. Y es que las modificaciones a la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres (779), tanto desde la reforma que sufrió apenas un año y tres meses después de aprobada, y las modificaciones a su reglamento por medio de los decretos presidenciales 43-2014 y 44-2014, significaron desde la perspectiva de este especialista cambios profundos a la legislación, de tal magnitud, que dejó de ser aquella ley por la que pelearon por tanto tiempo los movimientos de lucha a favor de los derechos de las mujeres.

“La Ley 779 planteó significativos avances desde los movimientos jurídicos de discriminación positiva a favor de los derechos de la mujer. Entre sus principales avances estuvo la tipificación del femicidio tanto desde el ámbito público como privado; nuevos tipo de figuras penales en el marco de la violencia de género, la violencia institucional en contra de la mujer. Un amplio marco de medidas precautelares y cautelares de parte del Ministerio Público, Policía Nacional o la autoridad judicial correspondiente. La creación de organismos judiciales especializados y el seguimiento psicológico a las personas que resultan sancionadas. Penalmente fue un avance para las mujeres y además, producto de un alto consenso nacional. Todo un hito en la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres”, expone Álvarez.

LA PRIMERA REFORMA

Sin embargo, el 25 de septiembre del 2013, la Ley 779 sufre su primer golpe. Promovida desde la bancada oficialista, los diputados de la Asamblea Nacional aprueban por mayoría absoluta la Ley 846, que reforma a la Ley 779. El principal cambio; derogar la disposición de la ley que prohibía la mediación entre la mujer y su agresor (ante el juez o fiscal que lleve la acusación) y permitirla por una única vez. Pero, también dejó abierta la mediación para los delitos menores establecidos en la ley, cuyas penas no superan los cinco años de cárcel. Sin embargo, la Ley 846 escondía entre líneas un cambio de mayor magnitud jurídica.

“El artículo 64 bis le otorgó al presidente de la República la potestad para reglamentar la ley. La Constitución Política le otorga al presidente de la República la potestad de reglamentar las leyes, pero solo cuando la Asamblea Nacional lo expresa claramente en la misma ley que se aprueba y cuando lo dice, el presidente tiene un plazo de 60 días para reglamentarla. La Constitución así lo dice. Pero la Ley 779 no le dio al presidente esa facultad para reglamentarla. La ley de reforma sí se la dio. Pero además, el presidente la reglamentó hasta el 30 de julio del 2014 por medio de dos decretos presidenciales. Es decir, además de violentarse los procedimientos constitucionalmente establecidos, se aprobó más allá del plazo que la misma Constitución establece”, explica Álvarez.

LA ESTOCADA FINAL

La modificación del reglamento ordenada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega incluso reforma la misma Ley 779 y cambia radicalmente la tipificación de femicidio, dejándolo como un crimen que ocurre en el ámbito privado, entre una pareja que mantiene una relación personal. Además, abre la puerta para que intercedan en los conflictos en las familias, los miembros de los Gabinetes de la Familia creados por la primera dama Rosario Murillo y los sacerdotes católicos de la comunidad.

“Esto viola varios principios y preceptos constitucionales, entre los que se encuentran el principio del Estado de Derecho. Nadie tiene más facultades o competencia de los que la Constitución y las leyes te dan de manera expresa. El presidente no tenía potestad para reglamentar la ley después de pasados los 60 días. Además, el reglamento es un norma jurídicamente subordinada a la ley. El ordenamiento jurídico lo dicta así. Pero, con el reglamento se hizo cambios a la ley misma. Esto es una violación de la supremacía constitucional que establece la subordinación del reglamento a la ley y también se violenta el principio constitucional de la división de poderes”.

Álvarez también señala como violaciones peligrosas el hecho de pasar por encima de la libertad individual de los ciudadanos, al establecer la intervención de los Gabinetes de la Familia y los sacerdotes católicos para mediar en los conflictos entre las parejas.

“En primer lugar, con la mediación se expone a la mujer a una suerte de revictimización. Además, la modificación al reglamento es tan grave que modifica la tipificación de femicidio y lo reduce al ámbito privado. Establece toda una ruta crítica que se suma con la tipificación distorsionada de la ley al permitir la participación de religiosos, policías y Gabinetes de la Familia para mediar en aspectos que son del resorte íntimo de la familia. Irrumpe en ese ámbito sagrado y transgrede el carácter laico del Estado, porque es la familia la que acude de manera voluntaria decide si asistir con el sacerdote y religioso de su preferencia para pedir ayuda, no es que una ley te lo tiene que imponer”, afirma.

Gobierno versus Mujeres

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Alba Luz Ramos

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua


Magaly Quintana

Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir

Sobrevivientes

KATIA PÉREZ

En esa etapa del cortejo, cuando dos se hacen novios y mariposas revolotean en los estómagos, Jorge Luis Cuarezma Flores no reveló quién era realmente. Con 33 años, el entonces teniente de la Policía Nacional de Nicaragua le “tiraba el cuento” a una joven, Katia Pérez López, de 18. Ella no podía saber que en los tiempos venideros él la llamaría “zorra” o “playo”. Mucho menos que le apuntaría a la cabeza con su arma de reglamento.

Contrariamente a lo que mostró durante el noviazgo, Cuarezma era alcohólico. “Él, bueno y sano era diferente. Era responsable, cariñoso. Pero fallaba cuando estaba en su licor”, describe su expareja. Y a partir del 2010 su problema empeoró. “Ya no tomaba solo los fines de semana. Comenzó a beber miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... Y eran puras discusiones”.

Katia ya tenía una hija cuando conoció a Cuarezma, pero “él la agarró tiernita, entonces ella le dice papá”. Juntos tuvieron dos niñas, de las cuales una tiene hipoacusia (pérdida parcial de la capacidad auditiva) y una leve deficiencia intelectual. Ella acude a Los Pipitos desde pequeña y hace manualidades que su madre vende, pero su padre nunca “superó esa parte. No aguantó cuando le dijeron que su hija tenía una discapacidad”.

El papá llegó incluso a decir que su hija era “una mongola, una estúpida. Que por ella se destruyó el matrimonio”. Se quejaba del tiempo que Katia pasaba en Los Pipitos, donde fue vicepresidenta. “Hasta me dijo que la niña no debió haber nacido. Que él hubiera sido un hombre millonario si ella no hubiera nacido”.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

—¿Recuerda el día exacto en que la encañonó? ¡Eso es fácil! Fue el miércoles 27 de junio de 2012, a las 10:00 p.m. Esa fecha a ninguna mujer se le olvida. Es la fecha en que te iban a matar...

Esa noche, Cuarezma, ya subcomisionado de la Policía Nacional, apuntó una pistola Jericho, calibre 38, contra la madre de dos de sus hijas, que presenciaron todo. Cinco días antes, la Ley 779 había entrado en vigencia, y algunos titulares de prensa incluso tildaron el episodio como el “estreno” de la legislación.

Entre el miedo de las menores, que llamaron a la Policía, se presentaron las autoridades. En la estación Cuarezma golpeó e insultó a Katia delante de todos. “¿Cuánto me dan por ella?”, le preguntó a sus compañeros. “Su jefe le dijo que me respetara, que yo era su esposa”, y entonces dijo: “¿Esta mierda? ¿Esta basura es mi esposa?”

Antes, la víctima había interpuesto 17 denuncias contra su marido en la delegación de la Policía del Distrito 10, en Ciudad Sandino, donde vivían, pero no le “pusieron mente”.

—Su caso no fue tipificado como femicidio frustrado, a pesar que usted estuvo a segundos de ser asesinada...

La juez no me aplicó la Ley. No la aplicó ni puso medidas precautelarias. Lo tomaron como algo leve. Como él fue guardaespaldas de Manuel Martínez (entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia), le hicieron caso en todo. La juez tuvo bastante presión por los movimientos, si no, yo creo que ni siquiera lo hubieran juzgado.

Mientras Cuarezma estuvo retenido en la estación en que trabajaba, esperando el juicio, vecinos de Katia la atacaron, insultaron, amenazaron e hirieron a su hija mayor. Su expareja no solo era policía sino amigo de pandillas que le exigían que lo liberaran.

Pero no fue necesario. Jorge Luis Cuarezma Flores fue condenado por violencia psicológica a 3 años y 6 meses de cárcel, de los cuales Katia afirma que no ha cumplido ni un día.

En marzo de 2014 a Cuarezma lo dieron de baja, pero Katia asegura que es una pantomima. “Eso es para calmarme a mí y a los movimientos de mujeres. Ellos lo siguen apoyando”. Ella vive con sus tres hijas en Batahola, Managua, en casa de su mamá. Allí se mudó para evitar más ataques de pandillas. Y para sepultar el pasado.

MAGALI MERCADO

Si pudiera pedir un deseo, Magali Mercado Dávila pediría una casa. Una casa propia en Ticuantepe para vivir con sus tres hijos. Y ella no lo dice, pero de ser posible añadiría a un acompañante más en su vida, para no derramar la lágrima que raya su mejilla cuando recuerda que está sola.

La joven madre de 26 años fue macheteada junto con su tía, la madrugada del domingo 27 de julio de 2014, por Douglas José Díaz Cárdenas, un vecino conocido como “El Punche”. Claudia Dávila Sánchez murió de una cortada que casi le arranca la cabeza y otra que le dejó la columna vertebral expuesta. Su sobrina sobrevivió, pero no recuerda los detalles de la desgracia.

“Me pegaron un garrotazo”, dijo Magali cuando la hoja del machete casi le desprende el brazo izquierdo. “Es 'El Punche', es 'El Punche'”, repetía agonizante su tía. Ensangrentada, Magali se desmayó y se enteró del resto al día siguiente, en una cama de hospital, con su extremidad recién operada.

“Fue en balde que la mató”, recuerda. “Mi tía y él se conocían de fiestas, no tenían ninguna relación amorosa y esa noche, cuando regresábamos a la casa, se pelearon. Después nos atacó”.

En la actualidad “El Punche” cumple una condena de 28 años de cárcel; 18 por femicidio y 10 por femicidio frustrado. Por su parte, Magali trabaja como empleada doméstica tres veces por semana, manda a sus hijos a clases, lava la ropa acumulada en sus días libres y, si puede, mira la telenovela Muchacha italiana viene a casarse, a mediodía.

Ella sabe bien que si no fuera por la larga cicatriz de su antebrazo, que protegió su rostro, o si no fuera por cuestión de segundos o centímetros, estaría muerta. Le da gracias a Dios por la oportunidad de seguir con vida, pero también experimenta pensamientos oscuros.

“Algunas veces, en la noche, me digo que mejor me fuera muerto. Mejor me fuera preferido morir... El (ex)esposo de mi tía me dice que no hable así, que le dé gracias a Dios de estar viva... Pero a veces me siento ahogada. Siento que no puedo sacar adelante a mis hijos, que estoy sola”, dice pausadamente.

Su marido ya no vive con ella ni se ocupa de sus hijos, y ella no sostiene una relación de proximidad con su madre. “No me entiende mi mama. No siento apoyo de ella. Yo la quiero mucho a mi mama, pero digo que ella no me quiere a mí”, explica. “A veces me pongo triste, porque no tengo cariño de nadie...”. Y se le humedecen los ojos.

Sus hijos son Carlos Eduardo, Gustavo y Genise, de 8, 4 y 2 años. Viven con Magali en una casa de cemento de dos cuartos, con un techo de lata carcomida que filtra mucho sol en verano y mucha lluvia en invierno.

El terreno, en la comunidad Manuel Landes, de Ticuantepe, Managua, es propiedad de los abuelos paternos de los menores. Cuatro familias más lo habitan y la parcela de tierra bruna que divide las casitas está surcada por árboles de tamarindo, aguacate, mango, nancite y un palo de coco.

Los niños de Magali o están allí jugando o están en clases, menos Genise, quien todavía es muy joven. Ellos saben que la cruz azul que está sobre el camino, dos cuadras al Este del portón de su casa, es donde mataron a su tía. Y que al lado de esa cruz, pasa su madre cuando va al trabajo.

En ocho meses transcurridos desde el crimen, a Magali se le ha “aparecido” dos veces su tía Claudia. La primera fue en un sueño, un día después de perderla para siempre, mientras dormía en el hospital. La segunda fue hace unas semanas, a eso de las siete de la noche, cuando estaba despierta. En ambas ocasiones ha sentido como “corroncha”. “Se me pone chirizo el cuerpo. Como que me quiere llamar mi tía, que me vaya con ella”.

El Rostro de las víctimas

Créditos

Redacción

  • Moisés Martínez
  • Fabrice Le Lous

Montaje audiovisual

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Edición Web

  • Martha Solano

Fotografía

  • Oscar Navarrete
  • Maynor Valenzuela
  • Archivo LA PRENSA

Jefe de Redacción

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